El jurista Romel Jurado y el comunicador César Ricaurte compartieron sus expectativas y puntos de vista acerca de la nueva ley de comunicación en el Ecuador.

Jurado, un especialista en el campo de los derechos humanos, manifestó que las declaraciones y principios ya existentes –como la libertad de expresión o el derecho a la información– tienen que concretarse y tomar forma en una ley. Legislar es difícil en ese ámbito, pues la comunicación es un fenómeno complejo y que involucra a múltiples actores y cruza todas las relaciones humanas: sin comunicación no hay vida social. Por ello hay que tratarlo como un asunto global, para evitar la fragmentación. Otra tema es el enfoque con el que se elabore la ley: un enfoque mercantilista –en el que las personas son clientes que consumen y no sujetos de derechos–, un enfoque controlador –como el planteado en épocas dictatoriales– o un enfoque centralizador –en el que un grupo de tecnócratas monopolicen la comunicación– son peligrosos. La perspectiva más adecuada es aquella que considera a las personas y sus derechos como eje. Los asuntos comerciales en torno a la comunicación tendrían que subordinarse a ellos.
La visión sistémica que la Constitución prevé para la ley haría que se pretenda la aprobación de un cuerpo legal global –como una ley orgánica o un código de comunicación–. Sin embargo, si en el nuevo sistema no se habla de desconcentración, descentralización y participación, los medios que lo integran podrían correr riesgos. Un sistema centralizado podría convertirse en una máquina de control social. Es muy probable que, desde el Estado, se proponga una opción sin debate de los actores comunicativos ni de la opinión pública en torno a la ley.

Para Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y periodista connotado, lo esencial sería una discusión generalizada acerca del tema. Sin embargo, esos espacios de debate no se han propiciado ni –seguramente– se propiciarán. Y la responsabilidad es de todos los comunicadores y medios por no haberlos exigido. Piensa que no debería aprobarse un cuerpo legal global, pues dado el dinamismo del área de la comunicación, el escenario aún no se ha configurado totalmente. Más bien se inclina por la existencia de una ley que, aunque transitoria, se pueda recordar.
La ley parece estar proponiéndose para regular el pasado: no un nuevo modelo de comunicación a futuro, sino evitar los errores que se han cometido. Eso es peligroso, pues no define puntos importantes como el rol de los medios estatales de comunicación: su rol social, la calidad de la programación, el control de la publicidad oficial. Los criterios fundamentales deberían ser la transparencia y la equidad. Si bien hay un esfuerzo por transparentar la información sobre las entidades públicas a través de la web, hay una muy débil gestión de la Defensoría del Pueblo y de entidades estatales para proteger el acceso ciudadano a esa información.

Ambos panelistas invitaron a los estudiantes, las universidades, los medios y los ciudadanos a expresarse: enviar cartas a los legisladores para exigir espacios de diálogo abiertos en función de construir una ley consensuada y que considere todas esas voces.